Cuando la urgencia se vuelve regla.
En los últimos meses, varias localidades de la provincia de Buenos Aires sufrieron inundaciones debido a un temporal de lluvias que, actualmente, afecta también a Santa Fe. Según datos oficiales, hay cerca de 3.200 personas evacuadas y unas 4.600 autoevacuadas o rescatadas de zonas inundadas.
Además, como consecuencia de las precipitaciones, se registraron cortes en diferentes rutas provinciales y nacionales, incluyendo interrupciones totales del tránsito en las Rutas Nacionales 8 y 9, que conectan al núcleo productivo del Litoral Argentino. Por suerte, fue solo un temporal de lluvias lo que provocó la pérdida de miles de hogares y el corte total del principal polo económico del país, y, de momento, no se registran muchas víctimas fatales. Y sí, hay que agradecer, porque gracias al destino o a lo que quieran, en esta tierra no ocurren terremotos, tsunamis, huracanes o tornados; de lo contrario, las consecuencias serían mucho peores.
Lo más insólito es ver cómo el conformismo político siempre encuentra excusas para no asumir la responsabilidad de evitar que sucedan otros acontecimientos similares. Excusas que, además, cada vez son más burdas.
En la era digital del “sálvese quien pueda”, ahora la excusa es que este tipo de acontecimientos no pueden preverse y que ocurren cada 100 años2 . Por lo tanto, el Estado Nacional no puede hacerse cargo de atender situaciones “extraordinarias” porque primero tiene que atender otro tipo de gastos.
La misma excusa se utilizó hace apenas un par de meses, cuando, a comienzos de marzo, la ciudad de Bahía Blanca también fue azotada por un temporal de lluvias que inundó gran parte de la ciudad.
Lo más aberrante fue el uso político del Gobierno Nacional de esta catástrofe. En primer lugar, se tardaron 24 días en emitir un decreto para otorgar un suplemento dinerario a los vecinos afectados por las inundaciones3 , teniendo estos que presentar la solicitud en un tiempo limitado y debiendo pasar por el filtro de la burocracia nacional para recibir el subsidio.
Luego, como el Jefe de Estado estaba siendo asediado por otros escándalos, trasladaron el debate de la declaración de la emergencia de Bahía Blanca a una sesión de la Cámara de Diputados, únicamente con el objetivo de entorpecer el funcionamiento de control del Poder Legislativo a través de esta tragedia. De más está aclarar que este proyecto de declaración de emergencia nunca fue tratado por la Cámara de Senadores, por lo que no tiene ninguna vigencia real.
Y a todo esto queda la pregunta: ¿y los Decretos de Necesidad y Urgencia? ¿No se supone que para este tipo de eventos fueron creados los DNU? Bueno, resulta que en ese momento utilizaron un DNU para otros fines, como modificar la Ley de Identidad de Género.
Por otra parte, ¿qué resolución se ha determinado para los productores que también fueron afectados por las inundaciones? La Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario (Ley 26.509) faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a gestionar directamente ante el Poder Ejecutivo Nacional la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para, entre otras cosas, asignar y/o reasignar los recursos humanos, financieros y otros que la situación demande. ¿Por qué entonces no se está aplicando esta ley?
Bueno, en parte porque no otorga una solución real. Además del entramado burocrático para lograr que a un productor se le reconozca la pérdida de, al menos, el 50% de su capacidad productiva, el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) ha quedado completamente obsoleto.
Cuando se sancionó la Ley Nacional 26.509 en 2009, la asignación para este fondo fue de 500 millones de pesos unos $130 millones de dólares para la época.. Sin embargo, este monto nunca se actualizó, por lo que hoy, con todo el proceso inflacionario de estos años, esos 500 millones de pesos apenas representan una fracción de lo necesario para atender las emergencias actuales.
Entonces, si se sabe que existe una Ley de Emergencia que no es útil para atender una emergencia (valga la redundancia), ¿por qué no existe interés político en corregirla? Simplemente, porque ahora la emergencia agropecuaria no es una tendencia en las redes sociales.
Cuando en el año 2022 sucedieron las sequías e incendios en las provincias de Córdoba y Corrientes, se presentaron varios proyectos de ley para actualizar y dar una mejor funcionalidad a la Ley de Emergencia Agropecuaria. Sin embargo, tras una breve mención en la Comisión de Agricultura de Diputados, nunca más se volvió a saber de estas iniciativas.
Para ir finalizando, utilizo el ejemplo de lo que sucede con la Ley de Emergencia Agropecuaria simplemente para demostrar que ninguna ley extraordinaria para atender catástrofes particulares representará una solución mientras no se realice una verdadera ley integral de atención a estas situaciones y, mucho menos, si no se prepara ninguna obra pública perdurable a largo plazo para evitar futuras catástrofes.
Las sequías o inundaciones son problemáticas normales para cualquier Estado. Por esto, como mencioné al principio, hay que agradecer que en estas tierras no sean realmente frecuentes los terremotos, huracanes o tsunamis, porque, si no, las consecuencias serían realmente inimaginables.
Y hoy se habla de la inundación del norte de la provincia de Buenos Aires como si una lluvia de 200 milímetros “no se puede prever” o que es un evento que sucede cada 100 años. Sí, en Zárate quizá no vuelva a suceder, pero hace 2 meses sucedió lo mismo en Bahía Blanca; en 2014 pasó en Luján; en 2013, en La Plata; más atrás en el tiempo, en Gualeguaychú en 2007 (que se repitió en 2016 y 2024); o la inundación de Santa Fe en 2003. Y podríamos remontarnos hasta las inundaciones de Epecuén en los ochenta, enumerando “catástrofes imprevisibles” que se podrían haber evitado simplemente con un poco de infraestructura hídrica.
¿A quién se le ocurre construir una Ruta Nacional, como la 8 o la 9, en una zona de gran caudal de agua, como el Delta del Paraná, sobre un terraplén, sin los suficientes desvíos pluviales, canales de desagüe o, mínimo, una escapatoria para los vehículos atrapados ante una eventual inundación del camino?
Todo esto refleja cómo un esquema social centrado exclusivamente en la catástrofe del momento, en lugar de realizar el verdadero trabajo de prevención, desarrollo de infraestructura y seguridad, provoca que, aunque los gobiernos simplemente pasen, las tragedias permanezcan.
